A pesar de que el Gobierno de Guatemala sostiene que el usufructo de tierra otorgado a la subsidiaria nacional de la empresa Transporte de Contenedores de Barcelona (TCB) es legal, la opinión ciudadana estaría preocupada por conocer mayores detalles del contrato y en tener mejor diseño institucional para transparentar esos procesos, según analista.
POR LUIS ARÉVALO
larevalo@lahora.com.gt
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En una publicación de La Hora Política, suplemento de este medio, de marzo del año pasado, el mandatario dijo: “es necesario establecer mecanismos enérgicos de lucha contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad, lograr una adecuada acción de las operaciones y del uso de bienes públicos, lograr la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas de todo funcionario público”.
De esa cuenta, Javier Brolo, analista político de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales (Asies), dijo que el tema del usufructo y la forma en que salió a luz pública “ha causado bastante preocupación”.
Por tanto, según el experto, es importante conocer los procesos administrativos reales, para determinar si existió alguna irregularidad que ameritara un cambio de decisión. Sin embargo, “la preocupación principal de la ciudadanía está concentrada en que se privilegiara en forma discrecional a intereses particulares”.
“Esa es una preocupación justificada de la ciudadanía”, afirmó Brolo, en el sentido de “percibir que se tomen decisiones discrecionales que beneficien intereses particulares o que no permitan la igualdad de competencia para poder ser más eficientes en administrar los recursos del Estado y llevar a cabo sus funciones”.
MODIFICAR LEYES
Pérez Molina decía, en ese entonces, en la misma publicación, que había necesidad de modificar varias leyes, algunas de las cuales están esperando en el Congreso de la República en el denominado Paquete de Transparencia.
El otrora candidato afirmó que, para combatir la corrupción, “hay que transformar y modernizar estas leyes, dotarlas de dientes como se dice en el vocabulario de la auditoria social”.
Adicional a esto, ayer, el Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal, dijo a La Hora que si se debían hacer más públicos los procesos de otorgamiento de usufructo, “habría que cambiar el normativo de usufructo y arrendamientos para decir que va haber un acto de publicidad”.
PODERES PARALELOS
En otra publicación del suplemento sobre política de este medio, del 29 de junio de 2011, el candidato Pérez Molina, luego de definir a los poderes paralelos, afirmaba que dentro de estos se encuentran los delitos de “Cuello Blanco”, que “monopoliza los contratos con el gobierno y que llega a influir en el diseño y propuesta de políticas internas”.
En ese sentido, Brolo señaló que “existe la percepción ciudadana de que los funcionarios que toman decisiones, especialmente sobre cómo utilizar fondos públicos u otorgar privilegios, son cooptables por intereses particulares”, consistente con la denominación de hechos de “Cuello Blanco”.
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